La Impunidad de los Okupas

Recomiendo este artículo de César J. Lodos Vaquero en “La Voz de Galicia” que explica perfectamente como funciona el mecanismo OKUPA en la legislación vigente.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/05/27/ley-injusta-frente-okupacion/0003_202005G27P23994.htm

César J. Lodos Vaquero Abogado del despacho Lodos & Montes

Voy a desgranar su contenido con algún comentario propio.

“Según la ley, la policía puede desalojar sin orden judicial una vivienda okupada ilegalmente siempre que lo haga dentro de las primeras 48 horas del allanamiento. A partir de esos dos días, se necesita una orden judicial, y entonces todo se complica. Se obliga al propietario a entrar en un proceso que puede tardar años en resolverse, y que a los okupas no les trae ni gastos ni dolores de cabeza: abogado de oficio y nada que perder.”

La situación es grotesca, una vez que pasan 48 horas ya no puede intervenir la policía y el propietario se ve obligado a iniciar un proceso judicial para desalojar a los okupas de su casa con los consiguientes gastos no solamente los costes judiciales sino los arreglos de desperfectos que suelen ser cuantiosos. Lo más rocambolesco es que si no hay testigos de cuando entraron en la vivienda la justicia solo tendrá en cuenta el testimonio de los okupas, verdaderamente alguien cree que esto es justicia, dar validez a la palabra de los intrusos que se han colado en tu casa en vez de comprobar el título de propiedad del legítimo propietario.  Si no han pasado 48 horas se les puede desalojar a los usurpadores porque las fuerzas de seguridad actuarían en caso de delito flagrante. Por supuesto que no se les ocurra a los propietarios entrar en su propia casa cuando está ilegítimamente ocupada porque la ley lo considera allanamiento de morada con las consiguientes consecuencias penales y/o administrativas para los legítimos propietarios. El poder legislativo y el judicial pueden entender que transcurrido este tiempo sigue habiendo delito aunque no sea flagrante y la carga de la prueba es muy sencilla: Presentación  del Título de Propiedad o Certificado del Registro para demostrar la titularidad del inmueble.  La pregunta es: La morada ¿de quien? ¿de los okupas?, es bochornoso que la ley proteja al delincuente en vez de al perjudicado. Es una situación irracional, dantesca, descabellada que te arrebaten tu casa y no puedas hacer nada tan solo esperar a que la mal llamada justicia acuda a tu llamada para que desalojen a unos DELINCUENTES.

“Cuando se les echa, los usurpadores tienen la opción de regresar, forzar de nuevo la entrada y continuar viviendo en la casa o en otra que hayan elegido. Para ellos, su acción no tiene consecuencias legales. Ni penales, ni civiles. El artículo 245 del Código Penal castiga al que «con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena con la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado». También la ley recoge que «el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses». En la práctica, demostrar que hubo violencia no es tan sencillo, y la pena de prisión no se está aplicando.”

Impresionante, los Okupas una vez que se les ha echado pueden volver y forzar de nuevo la entrada, de verdad se puede considerar que España es un país civilizado cuando ocurren estas cosas. Es evidente que este tipo de delito para los Okupas no tiene consecuencias legales, es gratis, fácil y barato.

“La dilatación de los procesos judiciales prolonga el sufrimiento de propietarios, situándolos en una posición de inferioridad y debilidad frente a los usurpadores. Las leyes deberían ser más simples y facultar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar de inmediato ante una okupación. Se respetaría así el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se establece que «toda persona tiene derecho a la propiedad» y «nadie será privado arbitrariamente» de esta.”

Los propietarios son los grandes perdedores, les quitan su casa, les obligan a meterse en unos gastos judiciales para desahuciar a los okupas y a unos gastos importantes para arreglar desperfectos en la mayoría de los casos, no solo eso hay algo más importante y es que para muchos propietarios es su única propiedad y de las rentas que pueden obtener de ella. En cualquier caso es una propiedad privada que debería ser absolutamente inviolable, supuestamente es uno de los derechos sobre los que se fundamenta una sociedad civilizada. Los legisladores deberían promover una ley para que en estas situaciones, se les pueda expulsar inmediatamente con la exhibición del título de propiedad o la nota simple del registro de la propiedad.

Se entiende que las personas en una situación desfavorable o vulnerable requieran de la ayuda de la administración para socorrerles pero no a costa de la propiedad privada de otras personas.  La constitución dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.  Queda claro que son los poderes públicos a través de sus distintas administraciones los que tienen que facilitar acceso a la vivienda a las personas que lo necesiten, de hecho pagamos impuestos para que sea así, por lo tanto, los ciudadanos que tienen una propiedad no tienen por qué hacerse cargo de aportar en muchos casos su única vivienda de la que dependen para satisfacer las necesidades de los más desfavorecidos ni tienen por qué soportar que ningún Okupa les arrebate durante un tiempo su vivienda con nefastas consecuencias para el propietario y prácticamente ninguna para el delincuente, mucho menos cabe entender que no se ataje este problema para desalojar inmediatamente al delincuente con la mera exhibición del título de propiedad o un certificado del registro de la propiedad.

Ante esta situación tiene que haber una modificación urgente de la ley en este sentido.  


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